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Formación delegados de prevención

Date d'affichage: 01/08/2012

CONSULTA ¿Qué formación necesita un delegado de prevención, en materia de prevención de riesgos laborales? RESPUESTA Según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 37 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. Por otro lado, la Disposición Adicional Séptima del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece que en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, podrán establecerse criterios para la formación en materia preventiva de los trabajadores y de los delegados de prevención. A este respecto, se indica que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, no se han llevado a cabo acuerdos intersectoriales, referidos a la formación de los delegados de prevención. A nivel nacional, esta formación se ha regulado en diferentes Convenios Colectivos, de obligado cumplimiento para las empresas acogidas a un determinado sector. Ejemplo de ello son el actualmente vigente V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción (su artículo 148 establece el contenido formativo para delegados de prevención, cuyo módulo tendrá una duración mínima de setenta horas) o el Acuerdo estatal del sector del metal (que establece un contenido formativo con una duración mínima de cincuenta horas). Por lo tanto las necesidades formativas de los delegados de prevención, se deben determinar en el ámbito de la organización preventiva de la propia empresa, y dependerán de aspectos como el tipo y el tamaño de la empresa, su sector, sus riesgos asociados, etc. Estas acciones formativas se deben llevar a cabo mediante programas integrados en un plan de formación, plasmado en el plan de prevención de la empresa. El criterio expuesto es de carácter informativo y, por tanto, sin efecto vinculante, toda vez que la competencia para interpretar y aplicar las disposiciones jurídicas en caso de conflicto corresponde a los órganos jurisdiccionales.